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Productores Audiovisuales Federados, PROA, insta al CAC a una rectificación para cumplir con la ley del 6%

Producción  /  11/18/2019

PROA,Productores Audiovisuales Federados ante las cifras publicadas por el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en su informe del 2018 de verificación del cumplimiento por parte de la Corporació Catalana de Medios Audiovisuals (CCMA) de las obligaciones de financiación de obras audiovisuales europeas, ha decidido iniciar un recurso contra el CAC, motivado por las diferencias de criterio en cuanto la interpretación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.


El sector de la producción independiente hace tiempo que le manifiesta al CAC una opinión diferente a la hora de contar este porcentaje, en cuanto a la dotación que por ley tiene que invertir el prestamista de servicios audiovisuales autonómico de titularidad pública, para la financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas (un 6% de sus ingresos anuales). 
El origen de este conflicto reside en el diferente criterio a la hora de definir los “ingresos computables”, una diferencia que modifica sustancialmente la dotación sobre la cual realizar la base de cálculo sobre la que se aplica el 6%.
Hay que tener en cuenta que la 
CCMA en 2011 invirtió en coproducciones con el sector 16M€ y esta inversión se ha ido reduciendo hasta 3.127.000€ en la actualidad. Por su parte, la CNMC comparte el criterio de PROA a la hora de controlar la obligada inversión de RTVE.
Como 
ya hace algunos años que desde PROA, Productores Audiovisuales Federados se denuncia esta situación y nunca ha habido una respuesta oficial, se ha dado inicio a este trámite para establecer un criterio común y llegar a un acuerdo que beneficié a todo el sector audiovisual. En estos momentos se espera que el CAC dé una respuesta oficial.
La Federación insiste en la revisión de este tema, en unos momentos tan frágiles para el sector audiovisual, que cada vez cuenta con menos inversión y apoyo institucional, 
es necesario que las televisiones públicas autonómicas cumplan con la normativa y con su deber de servicio público.

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